Os remitimos lo aprobado el pasado 13 de octubre, por el Consejo de ministros del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), os remitimos la presente para informaros de la aprobación, el martes 18 de octubre, del Real Decreto-ley 18/2022, desarrollando y dando cumplimiento a algunas de las medidas de dicho Plan.

En este caso, la mayoría de las medidas van dirigidas a la protección de los consumidores vulnerables, con medias como la aplicación hasta finales de 2023 de un descuento del 40% sobre la tarifa eléctrica regulada (PVPC), para los hogares trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética, o el aumentado de los descuentos del bono social preexistente para los consumidores vulnerables, o la creación de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias, que tengan u opten a contadores individuales, antes de septiembre de 2023, y para los consumos L1, L2 y L3 de particulares, que en la unidad familiar de 4 miembros, tengan ingresos iguales o inferiores a 28.000,00 euros y con un consumo responsable, igual o inferior al año 2021. En caso de incumplimiento, tendrá una penalización del 20% sobre el precio de mercado regulado.

Otras medidas tratan del despliegue de contadores inteligentes de gas natural y van en la línea de conseguir una mayor transparencia en la factura energética, debiendo incluirse en lo sucesivo en las facturas de potencia contratada menor o igual a 15 kW, la información sobre el consumo medio de los consumidores que compartan el mismo código postal y consejos para ahorrar.

Del resto de medidas, destacan las dirigidas a fomentar el autoconsumo y las energías renovables, en concreto, el aumento a la distancia 1.000 metros para poder realizar instalaciones de autoconsumo compartido en cubiertas y la medida de simplificación de la tramitación de las instalaciones, consistente en la exclusión del régimen de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción para instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia instalada de hasta 500 kW.

Finalmente, en materia fiscal se modifica el régimen de deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y se modifica el Impuesto de Sucesiones para dar libertad de amortización en inversiones que utilicen energías procedentes de fuentes renovables.

1.Hasta el 31 de diciembre de 2023, se habilita temporalmente a las comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial o agrupaciones de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial, constituidas conforme los artículos 5 y 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de la propiedad horizontal, con un consumo anual superior a 50.000 kWh, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artículo.

Si se acogen a esta tarifa deberán trasladar de manera íntegra el ahorro obtenido en el coste de adquisición del gas natural al precio unitario aplicado por el servicio prestado de calefacción y agua caliente sanitaria.

2. Para acogerse a la nueva tarifa de último recurso, las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La comunidad deberá estar al corriente del pago de todas las obligaciones económicas contraídas con su actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades que estén sujetas a reclamación o discrepancia.

b) Las viviendas deberán disponer a 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción siempre que las instalaciones térmicas no se encuentren eximidas de esta obligación por inviabilidad técnica. Además, deberán aplicar un coste unitario calculado en base a la tarifa aplicada para el agua caliente sanitaria y de calefacción a partir del momento en que dispongan de dichos contadores individuales.

c) Deberán haber realizado en plazo la inspección de eficiencia energética con resultado positivo, conforme el artículo 31 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

3. La solicitud de la nueva tarifa último recurso deberá ser realizada por el presidente de la comunidad de propietarios, debiendo ir acompañada de una declaración responsable en la que certifique el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en este artículo, incluyendo el informe de la inspección de eficiencia energética y, en su caso, el de inviabilidad técnica y un acuerdo de la Junta de propietarios en virtud del cual se haya aprobado la instalación de los citados contadores o repartidores de costes antes del 30 de septiembre de 2023.

4. La solicitud de la nueva tarifa de último recurso se deberá dirigir a la comercializadora de último recurso (CUR) conforme al siguiente orden:

a) En primer lugar, se deberá dirigir a la CUR que pertenezca al grupo empresarial de la comercializadora que actualmente llevaba a cabo el suministro,

b) En su defecto, a la CUR del grupo empresarial de la distribuidora propietaria de la red a la que están conectados,

c) En último lugar a la CUR de mayor cuota de mercado de la comunidad autónoma en la que se ubique la comunidad de propietarios.

5. Los traspasos o cambios de las comunidades de propietarios, se realizarán aplicando el procedimiento de estimación o medición de consumo y calendario establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 1434/2022, de 27 de diciembre.

6. La nueva tarifa, se calculará conforme la metodología y periodicidad establecida en la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, empleando el peaje de red local que corresponda al nivel de consumo anual, se aplicará la suma del valor que resulte de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, multiplicado por 0,3 y el valor que resulte de la aplicación de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, multiplicado por 0,7. Cuando el término Cn resultante de la aplicación de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, sea inferior al de la aplicación de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, se aplicará directamente el valor del término Cn de este último, sin ninguna ponderación.

La tarifa calculada conforme este apartado únicamente se aplicará al consumo facturado que sea menor o igual a la media del mismo periodo de facturación durante los últimos cinco años o los años disponibles si su historial de consumo fuera menor. Al resto del consumo se le aplicará el término variable calculado conforme este apartado incrementado en un 25%. Las empresas distribuidoras comunicarán a las empresas comercializadoras, junto con la lectura correspondiente al periodo de facturación, el consumo medio del mismo periodo de facturación durante los últimos cinco años o los años disponibles si su historial de consumo fuera menor.

7. El valor concreto de la tarifa último recurso para comunidades de propietarios, será aprobado por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

8. A las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios que hubiesen solicitado la tarifa de último recurso y, no encontrándose en una situación de inviabilidad técnica debidamente acreditada, no hubiesen remitido a la CUR, antes del 1 de octubre de 2023, certificado de instalación por parte del instalador de los contadores individuales de calefacción/repartidores de coste, se le aplicará el término variable calculado conforme al apartado 6 incrementado en un 25%, a todo su consumo y desde el momento en que la CUR comenzó a suministrar a la comunidad de propietarios.

9. Al objeto de calcular la deuda acumulada por las CUR por la diferencia entre el término Cn que resulte de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio y el realmente aplicado en la tarifa de último recurso, las CUR deberán remitir mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), antes del día 20 del mes, los datos mensuales de facturación de cada tarifa de último recurso incluyendo las recogidas en este artículo, incluyendo al menos: número de clientes, volumen de gas facturado en unidades de energía, así como la facturación por término fijo y variable conforme a la tarifa aplicada y la que hubiera resultado de la aplicación de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, distinguiendo entre las lecturas que provengan de contadores reales y las estimadas. Se deberá incluir también el desglose de ventas y facturaciones por aplicación del apartado 6, así como la facturación por la aplicación del incremento referido en el apartado 8, para cada escalón de tarifas.

10. Para financiar el déficit previsto hasta el 31 de diciembre de 2023 por la aplicación tanto de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, y sus prórrogas, como de este artículo, se aprueba un crédito extraordinario por importe de 3.000 millones euros. Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado por ambas medidas. Este crédito extraordinario tendrá la siguiente repercusión en el Presupuesto de ingresos y gastos de la CNMC:

A los créditos anteriores se les otorga el carácter de incorporable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

A las modificaciones presupuestarias recogidas en este artículo, incluyendo la incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio presupuestario de 2023, les resultará de aplicación, respecto a su financiación, las previsiones recogidas en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

11. Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la CNMC para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este artículo. Asimismo se habilita a la CNMC para solicitar a las CUR cuanta información sea necesaria para realizar las tareas encomendadas en el presente artículo.

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